“Rechazamos todo acto de violencia y represión contra los niños y niñas del
pueblo Mapuche”
En el marco de los
últimos incidentes ocurridos en la Araucanía, el Director Regional de
SERPAJ-Aysén, Rodrigo Quezada, en su rol de director de la Corporación integrante
de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile), expresó su
preocupación y rechazo al accionar policial respecto de los niños y niñas
mapuche.
El Servicio Paz y Justicia SERPAJ, se ha caracterizado por ser un férreo
defensor de los derechos humanos y la cultura de la paz, así lo ha demostrado
en la región de Aysén ejecutando programas de reintegración, apoyando a
organizaciones sociales base y denunciado vulneraciones de derecho, como
aquellas ocurridas en la reciente movilización social “Aysén tu problema es mi
problema”, donde tanto adultos como menores de edad sufrieron heridas por parte
de las fuerzas especiales.
En el marco de los últimos incidentes ocurridos
en la Araucanía y sobre todo aquellos que tienen que ver con los niños y niñas
Mapuche, quisimos conversar con el director de Serpaj Aysén, Rodrigo
Quezada, y conocer lo que esta
institución y la red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile) tienen
que decir respecto de esta vulneración de derechos.
¿Cuál es la
posición de Serpaj y red de ONGs respecto del accionar del Gobierno y las
fuerzas policiales durante el conflicto Mapuche?
“Queremos expresar nuestra preocupación y profundo
rechazo a los violentos operativos que han afectado y están afectando a las
comunidades Mapuche en el marco de la legítima reivindicación de sus territorios
ancestrales, las que han dejado nuevamente a niñas y niñas heridos”
El seremi de
Gobierno de la Araucanía, Mauricio Ojeda,
acusa a las comunidades mapuches de utilizar a niños como “verdaderos
escudos humanos”, traspasando la responsabilidad a las comunidades por exponer
a los menores. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en esta materia?
“Primero que todo aquí hay una necesidad urgente de que
las policías adecúen sus procedimientos para resguardar la integridad física de
las comunidades, especialmente cuando hay niños y niñas presentes. Respecto de
las declaraciones del Seremi, las rechazamos enérgicamente, puesto que
desconoce el rol del Estado de Chile como “Garante Principal de los Derechos de
los niños, niñas y adolecentes”, un rol al que se comprometió al ratificar la
Convención de Derechos del Niño. Lo que más impresiona es que esta tesis la
respalda el jefe policial de la zona desligándose del rol y responsabilidad
como funcionarios públicos de proteger niños niñas y adolescentes”
¿Cual es la
responsabilidad entonces de las comunidades Mapuche entonces, como dice el Seremi,
al exponer también a menores al conflicto?
“No hay situación alguna que justifique la violación a los derechos humanos
de niños niñas y adolescentes y sus comunidades, por lo demás es un derecho de
los niños ser escuchados y promover que
participen en sus propios asuntos, los asuntos
de su familia, escuela, ciudad y “país”; aquí el rol del gobierno es
modificar el accionar policial y la gestión de conflicto para alcanzar una
solución, no reprimir derechos con violencia”.
¿Cuáles son las acciones que han tomado como
instituciones defensoras de derechos de infancia y adolescencia?
“En conjunto con la
fundación ANIDE, hemos enviado los antecedentes a la relatoría de la niñez, de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al comité de Derechos
del niño de Naciones Unidas, para que le manifiesten su preocupación al
Gobierno de Chile. Así también nos sumamos a los llamados para los Organismos
de Derechos Humanos se hagan presentes en la zona de conflicto”.
¿Cuál es la petición directa al gobierno?
“Que el conflicto por derechos
territoriales de las Comunidades Mapuche no se siga abordando bajo ningún tipo
de violencia, por parte del Estado de Chile, y avance en el reconocimiento del
conflicto y reconozca a las víctimas y su responsabilidad, primer paso de las
medidas reparatorias hacia los niños y niñas Mapuche.
Y por el bien de todos los niños y niñas
que habitan este territorio, el Estado debe avanzar en la generación de
instituciones y políticas públicas como un Defensor Autónomo de la Niñez, un
Observatorio de la Niñez y una Ley de Protección Integral, todas ellas con la
participación activa de la Sociedad Civil y de los propios Niños, Niñas y
Adolescentes”, concluyó Rodrigo Quezada.
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